La corrupción y la impunidad son elementos esenciales de la ira de los ciudadanos del mundo emergente. Usualmente esa ira es reprimida hacia un estado de resignación permanente de “ésta es la forma en que se hacen las cosas aquí, y siempre lo será”.
Por lo que es testimonio de la solidez de las instituciones brasileñas el que una investigación de corrupción, enfocada en un esquema de sobornos de varios millones de dólares en la compañía energética estatal Petrobras, ahora haya cumplido dos años y aún sigue ganando fuerza. La semana pasada, alcanzó incluso al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien una vez fue uno de los políticos más populares del mundo.
El alcance de la depuración de la corrupción ya era asombroso. La presidenta Dilma Rousseff enfrenta un posible juicio político por manipular el presupuesto. Numerosos líderes empresariales y políticos han sido juzgados y declarados culpables. El martes, Marcelo Odebrecht, director de la compañía constructora más grande de América Latina, fue condenado a 19 años de cárcel. El sentido de que nadie es intocable en Brasil ha aumentado aún más ahora que Lula ha sido acusado de lavado de dinero. Es difícil imaginar que algo semejante suceda en otros países BRICS plagados de corrupción, como Rusia o China.
Por supuesto, aunque las ganancias a largo plazo de la depuración puedan ser grandes, los costos inmediatos son enormes. En Brasilia, muchos políticos se enfocan exclusivamente en salvar el pellejo. Eso ha hecho que le sea aún más difícil a la Sra. Rousseff, una presidenta quien ya es impopular e incompetente, gobernar. La presunta corrupción de Lula lo hará más difícil todavía. Bajo la ley brasileña, un juez debe aceptar el caso para que sea acusado formalmente. Sin embargo, Lula ha comenzado a reunir el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a su alrededor, argumentando que los cargos tienen motivos políticos y aumentando el riesgo de polarización. Las manifestaciones de protesta contra el gobierno de este fin de semana podrían ser un momento crítico.
Los efectos económicos son igualmente graves. Congelada a causa de la investigación de corrupción, Brasilia no ha podido idear un plan coherente para aliviar la peor recesión del país desde la década de 1930. Los impopulares recortes de costos necesarios para reducir el enorme déficit fiscal, equivalente al 10 por ciento del PIB, están en el fondo de un cajón. Las inversiones han colapsado. La confianza del sector privado se ha evaporado. Si se mantiene la tendencia actual, el ingreso per cápita se contraerá un 6.5 por ciento este año, amenazando los muy ensalzados logros sociales del PT. Podría incluso revertirlos.
El rumbo que puedan tomar las cosas es desconocido. Si la participación de manifestantes el domingo se acerca a los 2 millones que se manifestaron en marzo pasado, la coalición gobernante podría colapsar. Los mercados han repuntado, creyendo que este proceso catártico podría producir elecciones anticipadas y señalar el comienzo de un período de políticas económicas sensatas.
Sin embargo, lo contrario es igualmente probable, sobre todo a medida que emerge más evidencia de corrupción a altos niveles. Esto es altamente probable tras una reciente sentencia de la Corte Suprema que exige que los acusados comiencen a cumplir las penas de cárcel después de cualquier apelación sin éxito. (Anteriormente los acusados podían eludir la prisión mediante apelaciones en serie.) La negociación de penas a cambio de indulgencia por parte de los acusados puede provocar que se saquen más trapos sucios al sol.
Brasil aún tiene cierto respiro. La economía aún va cuesta abajo y la deuda soberana aumenta a medida que los ingresos fiscales caen. Pero no hay problemas financieros acuciantes. Los bancos están en buena forma en general. El déficit por cuenta corriente está disminuyendo y las reservas de divisas son altas. Ésta no es una clásica crisis de los mercados emergentes, y aún no hay necesidad de llamar al Fondo Monetario Internacional. Brasil puede curarse sus heridas. Cuanto antes, mejor.
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