Un juez federal determinó el lunes que el Departamento de Justicia federal no puede invocar una ley de hace 227 años para obligar a Apple a que ayude al FBI a ingresar en la memoria de un iPhone bloqueado, fallo que asesta un revés al gobierno en su disputa con la compañía en torno a la intimidad y la seguridad pública.
La decisión, emitida por el juez magistrado federal James Orenstein, corresponde estrictamente a un caso de drogas en Brooklyn, pero sustenta la postura de la compañía en su oposición a la orden de un juez de California para que colabore en el diseño de un programa informático especializado que permita al FBI entrar en el iPhone relacionado con una investigación sobre terrorismo en San Bernardino.
Orenstein rechazó algunos argumentos del gobierno y afirmó que los abogados estaban tergiversando una antigua ley "para lograr resultados absurdos e impermisibles".
El juez rechazó la afirmación del gobierno de que Apple sólo estaba interesada en las relaciones públicas afirmando que no encontró el límite de hasta dónde iría el gobierno para obligar a una persona o compañía a violar los valores más arraigados.
Y afirmó que el argumento de que Apple debía ayudar al gobierno porque se ha beneficiado de ser una compañía estadounidense "refleja una imagen negativa de un gobierno que existe en parte para salvaguardar la libertad de sus ciudadanos".
Ambos casos se relacionan parcialmente con una ley escrita mucho antes de la era informática, la Ley de Todos los Recursos de 1789, sobre si podría ser invocada para obligar a Apple a que coopere con las acciones para recuperar la información contenida en teléfonos bloqueados con códigos.
"En última instancia, la pregunta que debe ser respondida en este asunto, y en otros similares en todo el país, no es si el gobierno debe tener la capacidad para obligar a Apple que le ayude a desbloquear un dispositivo específico, sino si la Ley de Todos los Recursos resuelve la cuestión y muchas otras similares que se presenten", escribió Orenstein. "Yo concluyo que no".
La oposición de Apple a las tácticas del gobierno despierta controversia a nivel nacional en torno a los derechos a la intimidad digital y la seguridad nacional.
El jueves, la compañía con sede en Cupertino, California, objetó formalmente a la orden del juez de California y acusó al gobierno federal de pretender adjudicarse "facultades peligrosas" en los tribunales y de pisotear los derechos constitucionales de la empresa.
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