El concejal Antonio Reynoso (D-Brooklyn) confirmó el pasado viernes que el proyecto de ley municipal que obligaría a la Policía a obtener el consentimiento escrito o grabado de un sospechoso antes de registrarlo sigue en pie, a pesar del malestar existente entre uniformados y la alcaldía, que alcanzó su punto más dramático luego del doble asesinato de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu.
El proyecto, presentado en noviembre pasado, es parte de un paquete legislativo que busca acabar con el alto número de registros injustificados de hispanos y afroamericanos por parte de la Policía.
De ser aprobada esta iniciativa, antes de realizar una pesquisa los oficiales del NYPD deberían recordarle a una persona su derecho constitucional de rehusarse a la misma, a menos que haya una causa probable o una orden judicial de por medio.
La propuesta señala que la Policía suele pedirle a un ciudadano—a pesar de no tener ninguna base legal para hacerlo—que vacíe sus bolsillos para examinar su contenido. Si la persona (que en un número desproporcionado de casos es negra o latina) tiene marihuana o algún tipo de sustancia prohibida en su poder, esta pesquisa termina en arresto.
Una segunda iniciativa, presentada por el concejal Ritchie Torres (D-Bronx), requiere que los oficiales se identifiquen e informen la razón para detener a alguien en la calle antes de hacerlo. Una tercera busca criminalizar la llave de estrangulamiento, el procedimiento empleado letalmente contra Eric Garner.
Las declaraciones del concejal terminaron con las especulaciones sobre un posible cambio de postura después del asesinato a sangre fría de Ramos y Liu.
Estos proyectos de ley, que tienen el respaldo de activistas pro derechos civiles y contra la brutalidad policial, han sido fuertemente criticados por los sindicatos policiales, que los han catalogado como una forma de debilitar la posición de los agentes cuando éstos entran en contacto con criminales. El año pasado, según el National Law Enforcement Officers Memorial Fund, 126 oficiales murieron en la línea del deber—la mitad de ellos en enfrentamientos armados o emboscadas—, 24 más que el año anterior.
Reynoso y Torres están cerca de lograr los 26 votos necesarios para aprobar estas medidas en el Concejo. La presidenta del cuerpo, Melissa Mark Viverito, confirmó por medio de un portavoz que todavía no ha definido su voto.
Monica Klein, vocera del alcalde Bill de Blasio, reiteró en un comunicado que éste tiene “reservas acerca de estos proyectos, tal y como están escritos”. Este fue uno de los temas tratados por De Blasio, el comisionado de NYPD, William Bratton, y los representantes de los cinco sindicatos policiales durante su reunión a puertas cerradas a comienzos de esta semana.
La decisión de Reynoso y Torres de avanzar con su paquete legislativo pone en una difícil posición al alcalde, quien debe ahora optar entre oponerse y, eventualmente, vetar esas leyes, rompiendo así con la izquierda de su coalición, o satisfacer a ésta y enrarecer aún más su complicada relación con los uniformados.
En un claro desafío a De Blasio, Reynoso dijo no temerle a la oposición de éste. “Yo no tengo que estar o no de acuerdo con él”, afirmó ante la consulta de El Diario. “Mi responsabilidad es hacer lo correcto para mi electorado; esa es la línea de separación entre el alcalde y mi posición como concejal”. Justificó su postura diciendo que “hay miles de personas marchando ahí afuera [contra la brutalidad policial y la desafortunada muerte de los dos agentes mientras cumplían con su deber no tiene por qué desacreditar a ese movimiento”.
Se espera que estos proyectos de ley sean objeto de audiencias públicas antes de ser votados en el pleno del Concejo.
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