La presidenta de la AIRD, Ligia Bonetti de Valiente, explicó el peso que representa dicha medida para las importaciones de materias primas y maquinarias.
De acuerdo a sus datos, por concepto de retención de impuestos en las aduanas, el gobierno adeuda unos mil millones de pesos al sector industrial, cuyas empresas han entrado en un proceso de descapitalización.
“Cuando nos opusimos a la suspensión de la Ley 392-07 advertimos que esta medida no tendría ningún efecto fiscal en términos del monto de las recaudaciones, puesto que lo que se retiene en Aduanas es prácticamente igual a lo que cobra la Dirección General de Impuestos Internos, pero lo que sí provocaría sería la descapitalización de las industrias exportadoras y productoras de bienes exentos del país, como ha estado sucediendo”, dice una nota con las declaraciones de Bonetti de Valiente.
Pidió al gobierno que cumpla con lo acordado, que implica volver a poner en vigencia la referida legislación a partir del 1 de enero del 2012.
Aseguró que el sector ha hecho un gran sacrificio en los últimos meses, con el pago del ITBIS por adelantado, lo que junto al reciente aumento de las tasas de interés y de las materias primas “está colocando a las industrias en una situación de falta de liquidez calamitosa”.
“Existen industrias exportadoras y productoras de bienes exentos que tienen más de seis meses que no reciben los reembolsos por concepto de ITBIS adelantados, debido a que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para estos fines, por lo que prolongar la suspensión de la Ley de Proindustria sería un absurdo que no debe ni siquiera considerarse”, agregó.
Bonetti de Valiente lamentó que el país se coloque a la gatera en materia de exportaciones con relación a otras naciones, y que no exista una voluntad política para revertir la situación.
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