Los límites establecidos por el decreto 571-09, restringen la vida, amurallan el desarrollo y dan cancha a la pobreza en el municipio de Luperón. La referida disposición presidencial, crea el Parque Nacional La Hispaniola que “protege” el terreno que durante años ha servido de sustento a cerca de noventa familias, las mismas que reclaman la derogación de la resolución que a juicio del geógrafo y especialista en ecoturismo, Bolívar Troncoso, constituye “una incongruencia jurídica por cuanto un decreto no puede estar por encima de una ley”.
El decreto 571-09 prácticamente ha hecho improductivo el municipio, pues más del 40 por ciento de su territorio (espacios de cultivos y ganado) fue declarado “área protegida”, informa Troncoso.
A esto se suma la amargura e impotencia por saber que el límite privilegia al diputado peledeísta de la zona, Juan Carlos Quiñones, quien tiene una propiedad en el área dejada fuera de “protección”. Igual regalía tienen otros dueños y un suizo que, a decir del activista comunitario Emérito Domínguez, es propietario de un hotel frente al lindero de playa. Quiñones es presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. En resumen, solo es Parque Nacional, la terraza y los conucos de los campesinos.
En Luperón no hay una calle que sirva. Los trechos polvorientos tienen de malhumor a su gente. “Ellos no tienen vergu¨enza, pero retrátelos a ver si se compadecen de este pueblo”, ruega un señor. La señal telefónica es escasa y el desempleo carcome el presente y futuro de su gente.
Pese a que han transcurrido más de 500 años del desembarco de Cristóbal Colón por la zona, aún los habitantes de Luperón viven como indígenas, al carecer de condiciones sanitarias adecuadas, respirar sin cable, antenas telefónicas, agua potable, clubes y escuelas que fomenten valores a la niñez y la juventud. Las múltiples carencias económicas han provocado la migración masiva de jóvenes hacia Santiago y la zona hotelera de Bávaro.
Las quejas llueven. Moraima Domínguez prefiere morirse antes que sacar su ganado de la tierra que ha trabajado durante años. Se queja porque ahora, el Ministerio de Ambiente “quiere entrar guardias, poner casetas y echarme las vacas pa’ fuera”. La dama no se cansa de repetirlo: “Si me quitan lo mío, mejor que me maten”.
Ni Moraima ni sus compañeros pueden sembrar ni solicitar préstamos poniendo en garantía las tierras de las cuales poseen títulos. Todo esto por culpa del decreto que el diputado Juan Carlos Quiñones desconoce.
La mentira del Cagüey
La justificación del decreto 571-09, informa el pastor Eddy Melo, se apoya en una falacia: la existencia en la zona del cactus Cagüey, que a decir del experto Bolívar Troncoso, la planta solo vive en bosques secos y se encuentra en el Sur del país, específicamente en el sendero ecoturístico El Barrancolí, así como en El Peñón y Laguna Cabral.
“Aquí lo que hay es guasábara”, expresó Moraima, quien, a pesar de su limitación física, se movía tanto o más que la vecindad reclamante.
“Señor Presidente, no nos permita morir pobres en un suelo rico” se lee en el cartel que abandera el reclamo de la comunidad de Candelón, una de las poblaciones más afectadas.
En distintas esquinas, también puede leerse la frase “En Luperón, todo protegido, menos su gente”.
El pasado martes el presidente Leonel Fernández inauguró allí cuatro puentes sobre los ríos Bajabonico, Mango de Yásica y Vuelta Larga en la carretera Imbert- Luperón.
El pastor Eddy Melo informó que aunque cumplieron los requisitos no se les permitió entregar al mandatario una carta donde solicitan derogar el decreto para que “la tranquilidad vuelva al seno de nuestras familias”.
En la misiva, el Comité Pro-Camino Candelón, la Asociación de Ganaderos de Luperón Las Culebras y Candelón, y los propietarios de los lugares afectados con la declaración de zona protegida, aseguran que el mandatario fue engañado porque la comisión de legisladores que visitó la zona “realmente no vieron el 95% de la supuesta área protegida y sólo fueron llevados a los terrenos y a la casa de inversionistas”, que de acuerdo a los comunitarios ante la mínima posibilidad de desarrollo, y cuando se empieza a conocer algún proyecto que levante la zona, “hemos tenido la negativa de algunas autoridades que han actuado en complicidad con supuestos inversionistas extranjeros que han adquirido algún pedazo de tierra y que de alguna manera lograron burlar la buena intención suya”, se lee en la carta que no pudieron entregar personalmente al Presidente de la República.
Bolívar Troncoso dijo que el proyecto de la cementera cuya concesión firmó por decreto el presidente Fernández, queda trunco con la resolución 571, pues en parte del terreno “protegido” sería instalada la empresa de capital norteamericano.
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