Una investigación de Participación Ciudadana (PC) reveló que Estado dominicano dejó de percibir de impuestos más de 266 millones de pesos en el 2010 por concepto de la exoneración de 127 vehículos de lujo a senadores y diputados.Samir Chami Isa, coordinador general de PC, dijo que con los recursos de este "sacrificio fiscal" el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo escuelas, hospitales, infraestructuras o muchas otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.
El movimiento cívico también calificó como lamentable el precio de los vehículos adquiridos con estas exoneraciones, la mayoría de los cuales es de seis millones de pesos cada uno.
Chami Isa indicó que entre los vehículos importados se encuentran las exclusivas marcas Rolls-Royce, Maserati, Mercedes Benz, Bentley Continental, Ferrari, Lexus, Porshe y BMW, lo que evidencia que hay una "fiesta de exoneraciones" de parte de los legisladores.
Agregó que el año pasado Participación Ciudadana publicó un informe que evidenció que el Tesoro Nacional había dejado de percibir más de RD$1000 millones de pesos en ocho años ,por la exoneración de vehículos de lujo a Legisladores, lo que calificó como escandaloso.
Cuestionó laactitud asumida por la Suprema Corte de Justicia, que no ha conocido el recurso de inconstitucionalidad depositado por PC hace un año ante ese tribunal, en el que solicitó la declaración en inconstitucionalidad de la ley que faculta a los miembros del Congreso a traer cada dos años vehículos sin límite de precios, bajo el precepto constitucional de que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.
Al mismo tiempo, criticó que los legisladores no hayan puesto en agenda la propuesta de un proyecto de ley para modificar la legislación vigente, estableciendo límites a la cantidad de vehículos y/ o al monto de la compra.
“ Sin embargo, lo más grave del caso es que la mayoría de veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresionales, sino que se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por éstos a terceros en algunos de los casos”, señaló Isa.
Destacó que esta venta se convierte en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales al menos carentes de ética e injustificables,porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado.
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