La primera medida que debería tomar el Gobierno para crear un sistema eficiente de atención a los casos de emergencias (como el 911 de Estados Unidos y Canadá) es aprobar una ley especial con sus normas y regulaciones, que establezca los procedimientos para su operación.
Esos estatutos deben contener las normas técnicas para la red, regulación del uso de los usuarios, las responsabilidades del Estado y las empresas telefónicas, y la calidad del servicio.
Así lo explicó a EL DÍA el exgerente de Concesiones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) Rafael Fernández Correa, quien sometió a esa institución un proyecto para la creación de un Sistema Integrado de Atención de Emergencias, a través de la línea 911.
Detalló que esa legislación, al igual que el 911, debería ser sometida y administrada por el Indotel y vigilada por los cabildos, que tendrían la responsabilidad de coordinar la logística, es decir, de la eficiente atención de la Policía Nacional, Bomberos, Salud Pública y otros organismos de socorro.
¿Cómo debe ser un 911?
El ingeniero en electromecánico dijo que un buen sistema de emergencia debe estar manejado por un “Datacenter” (centro de datos), donde un operador reciba las llamadas (no una contestadora como tienen algunas telefónicas), y las transfiera a los organismos de emergencia que correspondan, dependiendo de la necesidad del usuario y de su ubicación.
Los teléfonos deberán estar conectados a un software que identifique automáticamente la ubicación geográfica desde donde se está produciendo la llamada, para poder socorrer al interesado en caso de que no provea su dirección exacta.
Los equipos deben ser capaces de registrar todas las llamadas, para conocer las estadísticas de los casos que se produzcan y así mejorar el sistema.
También se puede crear una base de datos que contenga el historial clínico de los ciudadanos.
¿Cuánto se necesita?
Rafael Fernández dijo que ese programa puede realizarse por etapas. La primera abarcaría entre un 25 y un 30 por ciento, con una inversión de US$100 millones, que se utilizarían en la compra de equipos y servidores y la construcción de la red de base de datos.
Señaló que esos recursos se pueden obtener de una parte de los fondos que genera el impuesto selectivo de la Ley de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En principio, agregó, se requerirán como máximo 50 operadores por turno.
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