SANTO DOMINGO.- La Coalición Educación Digna expresó su indignación a la actitud de los diputados de aprobar el Presupuesto del 2011 sin asignar el 4% que consagran la ley y la Constitución al sector educativo.
Dijo que la pieza fue aprobada olvidando nuevamente la necesidad de la situación educativa.
"Otra vez el Congreso demostró ser la oficina de legalización del ejecutivo, provocando una fuerte fisura en la democracia dominicana", manifesta.
Considera que la sanción a la pieza es una violación a la Constitución Dominicana, lo que provoca que el Congreso se declare como ilegítimo e incapaz de ejercer su función de ser representante del pueblo.
"Se ha aprobado un presupuesto que irrespeta los pactos establecidos con la población y que mantendrá sobre los hombros de la gente las desigualdades que hacen de esta una sociedad injusta", expresa.
En un documento enviado la Coalición Educación Digna señala que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso mantienen sometido al pueblo a vivir sin educación mientras "privilegian proyectos superfluos que empeñan el futuro de la nación y que no son prioritarios".
Agrega que ambos poderes ignoraron las posibilidades de reordenamiento de partidas presupuestarias hacia educación, lo que demuestra que la decisión era política y no técnica.
"Otra vez el Congreso demostró ser la oficina de legalización del ejecutivo, provocando una fuerte fisura en la democracia dominicana", manifesta.
Considera que la sanción a la pieza es una violación a la Constitución Dominicana, lo que provoca que el Congreso se declare como ilegítimo e incapaz de ejercer su función de ser representante del pueblo.
"Se ha aprobado un presupuesto que irrespeta los pactos establecidos con la población y que mantendrá sobre los hombros de la gente las desigualdades que hacen de esta una sociedad injusta", expresa.
En un documento enviado la Coalición Educación Digna señala que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso mantienen sometido al pueblo a vivir sin educación mientras "privilegian proyectos superfluos que empeñan el futuro de la nación y que no son prioritarios".
Agrega que ambos poderes ignoraron las posibilidades de reordenamiento de partidas presupuestarias hacia educación, lo que demuestra que la decisión era política y no técnica.
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